Memorias de octubre.- Una verdadera ´cacería de brujas´ inició la Fiscalía General y la administración de justicia como respuesta al levantamiento popular de octubre de 2019, en protesta por las medidas económicas del gobierno de Lenín Moreno, entre estas la eliminación del subsidio a los combustibles.
Un proceso por supuesta rebelión, en contra de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, Virgilio Hernández y Christian González; dos por instigación y secuestro, en contra de líderes indígenas, entre estos Jaime Vargas, presidente de la COANAIE, y Leonidas Iza, del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi; uno por el incendio en la Contraloría general, son los casos que levantó la Fiscalía General del Estado.
Según Fiscalía, se identificaron al menos 17 delitos penales que pudieron cometerse. En total 312 personas fueron investigadas.
Hasta el momento, Fiscalía no ha podido demostrar las acusaciones que planteó ni han avanzado las investigaciones, excepto el proceso contra la prefecta Pabón, que tuvo una celeridad inusitada.
Supuesta Rebelión
El 15 de octubre de 2019, el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Julio Arrieta, dictó prisión preventiva para Paola Pabón, prefecta de Pichincha, y Christian González, acusados del supuesto delito de Rebelión. Posteriormente apresaron a Virgilio Hernández.
El proceso se inició con una investigación por supuestamente promover, ayudar y sostener un movimiento armado para alterar la paz del Estado. Sin embargo, la Fiscalía admitió que no encontró indicios suficientes para mantener ese tipo penal y tuvo que quitar los agravantes. Se conservó la investigación por una supuesta rebelión, pero solo se habló de acciones violentas para desconocer o derrocar al Gobierno.
La prefecta Pabón recobró su libertad, luego de más de 70 días en prisión, el miércoles 25 de diciembre, después de que la jueza Patlova Guerra aceptó la revocatoria de prisión preventiva que pesaba en su contra. La decisión judicial benefició también a Hernández y González que salieron libres.
Pabón reclamó que la reformulación de cargos solicitada por la Fiscalía demuestra que no existen pruebas contundentes en su contra, como fue anunciado, y que el proceso legal es una persecución política.
El jueves 27 de agosto de 2020, el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jhayya, llamó a juicio a la prefecta Pabón, Hernández y González.
Según la Fiscalía, la prefecta participó en el delito de rebelión en calidad de autora mediata, mientras que el exasambleísta Hernández y González participaron como autores directos.
El 7 de septiembre de 2020, el presidente de la Corte de Pichincha, cambió la presentación periódica que pesaba contra la prefecta Pabón, a pedido del fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, y dispuso que se presente tres veces por semana, como medida cautelar, lunes, miércoles y viernes, ante el fiscal del caso.
Líderes indígenas
Fiscalía instauró procesos penales contra los dirigentes indígenas, por su participación en el levantamiento popular, que no han podido avanzar.
Por los supuestos delitos de instigación al sabotaje y terrorismo, denunciados, el 25 de octubre de 2019, por el activista político Marcelo Hallo, fueron procesados Jaime Vargas, Leonidas Iza y Rafael Pandam, presidente del Parlamento de Nacionalidades de la Amazonía.
Vargas reclamó que había sido notificado de seis investigaciones que mantiene la Fiscalía en su contra. Sostuvo que no incitó al terrorismo.
El miércoles 27 de noviembre de 2019 fue convocado a dar su versión Vargas, el jueves 28 Iza y el viernes 29 Pandam. No asistieron.
Otro proceso es sobre la denuncia del Ministerio de Gobierno, por el presunto delito de secuestro, por el que también son investigados Iza, José Casiqueando, Carlos Sucuzhañay, Manuel Chugchilán. Luis Cushcagua y el sindicalista Mesías Tatamuez.
Chugchilán fue convocado a rendir versión el lunes 6 de enero de 2020, Tatamuez el martes 7, Cushcagua el miércoles 8.
El Ministerio de Gobierno planteó 187 denuncias en la Fiscalía por diferentes hechos relacionados con el paro de octubre; entre ellas el supuesto secuestro de policías en el Ágora de la Casa de la Cultura.
El miércoles 15 de enero de 2020, Jaime Vargas y Leonidas Iza, llegaron a la Fiscalía de Soluciones Rápida número 7, en Quito, en su segundo llamado, a rendir versión dentro de la investigación previa por el presunto delito de instigación al sabotaje y terrorismo.
Iza, líder indígena de Cotopaxi, manifestó que, si se habla de excesos cometidos durante las jornadas de octubre, «el primero es del presidente de la República, al tomar decisiones en contra del pueblo ecuatoriano».
Por el presunto delito de secuestro, Iza fue convocado, por segunda vez, para dar su versión, el 23 de diciembre de 2019; Vargas, el 26 de diciembre. El sábado 28 de diciembre de 2019, acudió a rendir versión el presidente de la Ecuarunari, Carlos Sucuzhañay, quien aseveró que no hubo secuestro en el ágora de la Casa de la Cultura.
El 6 de enero del 2020, se convocó a Tatamuez, quien sí asistió. Según él líder sindical, ese día no existió ningún secuestro.
Incendio de la Contraloría
Tampoco sobre el incendio en el edificio de la Contraloría, la Fiscalía pudo probar la culpabilidad de las 27 personas procesadas por incendio y destrucción de los bienes y documentos de la entidad, acusadas de terrorismo.
El lunes 2 de marzo de 2020 inició la audiencia preparatoria de juicio. A los procesados en este caso, quienes en su mayoría son indígenas, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, luego de reformular los cargos, los acusó de sabotaje, paralización de un servicio público y destrucción de registros públicos.
La jueza de PichinchaAna Guerrón declaró la nulidad de lo actuado en ese caso, a partir del impulso fiscal del 5 de diciembre de 2019, y dio diez días para que se realice una pericia sociológica y antropológica a los procesados, la mayoría miembros de pueblos indígenas.
La decisión de Guerrón fue impugnada por María Lorena Figueroa, directora nacional de Patrocinio de la CGE.
El jueves 9 de julio de 2020, se desarrolló, de manera reservada, vía temática, la audiencia de apelación a la resolución de nulidad. «Por improcedente», la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha rechazó el recurso de apelación.
Con esta resolución, quedó pendiente que se entregue el informe con las conclusiones de la pericia psicológica y antropológica ordenada por la jueza Guerrón. El tiempo ordenado para la entrega de la pericia quedó interrumpido debido a que Ecuador ingresó en la emergencia sanitaria generada por el coronavirus.
Existen serias sospechas de que sería un autoatentado. Varios juristas coinciden en que el incendio de la Contraloría más bien ha servido al Gobierno para justificar que no tiene pruebas para demostrar las irregularidades de las que acusa al régimen anterior.
Hay testimonios claves que reposan en el expediente de la Fiscalía, y que fueron recogidos por los medios de comunicación.
Uno de ellos es el de Manuel Guerrero, uno de los 33 detenidos, quien aseguró que, el 12 de octubre de 2019, los propios guardias de seguridad de la Contraloría abrieron las puertas a los manifestantes.
Aseveración que fue corroborada por el guardia Jorge Sánchez, quien declaró que otro guardia, que supuestamente animaba a ingresar a los manifestantes, era policía. Cuando fueron trasladados a la Asamblea, conjuntamente con los detenidos, el supuesto guardia estaba ahí vestido de civil, aseguró.
Otra inconsistencia es que los manifestantes fueron detenidos al interior de la Contraloría a las 11h30, cuando el incendio se produjo 2 horas más tarde.
Otro elemento que no ha sido tomado en cuenta en las investigaciones es la denuncia realizada por el exprefecto de Zamora, Salvador Quishpe, quien aseguró que detuvieron a un hombre que lanzaba piedras a la Contraloría y que, luego de ser trasladado al Ágora de la Casa de la Cultura, declaró que era militar y que cumplía órdenes superiores.
Para Quishpe, se trató de un acto premeditado del Gobierno, por lo que exige “que se investigue a fondo quienes fueron los autores intelectuales de la quema de la Contraloría. El Ecuador necesita saber, no es suficiente que el Gobierno diga que fue un grupo de vándalos”, sostuvo.
Realizado por: José Robalino
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