A la represión por parte de la fuerza pública y a la persecución política generada durante y después del levantamiento popular de octubre de 2019, se sumó la censura y cierre de varios medios de comunicación.
Memorias de octubre.- El paro de octubre de 2019, no solo dejó muertos y heridos por la represión policial, también constituyó el mayor atentado a la libertad de expresión ejecutado por el presidente Lenin Moreno.
Para evitar la difusión de los acontecimientos, el gobierno ordenó sacar del aire la señal de varios medios de comunicación como radio Pichincha Universal, las cadenas internacionales de televisión Telesur y Rusia Today, medios comunitarios y portales digitales.
Según la Defensoría del Pueblo, 131 periodistas fueron agredidos durante los 11 días de paralización.
Además, fueron detenidos 8 comunicadores en Quito, Lago Agrio y Puyo, que cubrían información para Udla Chanel, radio Olímpica, TV Cisne, la Conaie, programa política con manzanas y plataforma Voces.
El caso más grave fue el de Pichincha Universal. El 08 de octubre, la Fiscalía allanó sus instalaciones e incautó equipos, bajo el argumento de que se habría cometido el presunto delito de incitación a la discordia entre ciudadanos, en el programa en la Oreja.
Al día siguiente, llegó una orden de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, ARCOTEL, para que la emisora suspenda sus operaciones de manera inmediata.
Pichincha Universal salió del aire solo por el hecho de trasmitir abiertamente los acontecimientos del paro, iniciado el 03 de octubre, en rechazo a la eliminación de los subsidios a los combustibles.
Lo insólito de este caso fue que la resolución de Arcotel se tomó sobre la base de un informe del ministerio de Defensa y otro del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (CORDICOM).
El coronel Gonzalo Reyes, coordinador de Comunicación del ministerio de Defensa, envió un oficio a Arcotel para solicitar la sanción, por un contenido emitido el 03 de octubre.
Las Fuerzas Armadas, sin tener potestad constitucional ni legal para analizar y pronunciarse sobre temas comunicacionales, emitió el referido informe.
Mientras que CORDICOM concluyó que Pichincha Universal difundió contenidos violentos y discriminatorios, de acuerdo al monitoreo de programación realizado entre el 03 y el 07 de octubre. Su informe le tomó apenas 48 horas, cuando, según expertos, un análisis semántico de contenidos, demanda por lo menos 2 semanas.
Además, ese informe no fue notificado a Pichincha Universal para que pueda ejercer su derecho a la defensa.
De igual manera, después de la Eliminación de la Superintendencia de Comunicación aprobada en las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, la supuesta infracción se debió remitir a la Defensoría del Pueblo, y no a ARCOTEL.
Luego de 16 días, el 25 de octubre, Pichincha Universal volvió al aire después de que un juez de garantías constitucionales aceptó una acción de protección.
Pero el tema no quedó ahí. El 23 de enero de este año, ARCOTEL notificó al medio con la extinción del título habilitante de su frecuencia. Resolución que fue tomada, sin que se respete la acción anterior de protección del juez.
La defensa de la radio presentó una nueva acción de protección, con petición de medidas cautelares. Pero el 18 de agosto, el tribunal provincial de Pichincha revocó la acción de protección a favor de Pichincha Universal.
Ahora, el caso está en manos de la Corte Constitucional en donde el medio presentó una acción extraordinaria de protección.
Este atentado en contra de la libertad de expresión generó varios pronunciamientos de rechazo, como el del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Edison Lanza, quien calificó a la decisión de Arcotel como desproporcionada y señaló que “la revocación y cierre de un medio es una medida de mayor gravedad”.
A un año del paro de octubre, la libertad de expresión continúa seriamente afectada por el gobierno.
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