Censura y silencio: Un año del cierre de Pichincha Universal

Estos procesos han marcado un año lleno de ataques e intentos de censura en contra de un medio de comunicación público.

Memorias de octubre.- El 08 de octubre, Pichincha Universal registró su segundo cierre en el 2019, esto se dio tras 5 días de cobertura a las protestas que se registraron en todo el país. Delegados de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Nacional allanaron las instalaciones del medio de comunicación para incautar equipos y ordenadores que se utilizaban en la transmisión de sus programas.

La Fiscalía acusó a Pichincha Universal de un presunto delito de incitación a la discordia entre ciudadanos por un comentario que vertió una invitada en un programa de opinión.

Al día siguiente, el 09 de octubre del 2019, la Agencia de Control y Regulación de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) inició un proceso administrativo sancionador en contra de Pichincha Comunicaciones E.P. para solicitar la suspensión de sus actividades de forma inmediata. Esta resolución se basó en un informe del Ministerio de Defensa y obligaba a que el medio de comunicación salga el aire de forma permanente.

Mientras esto ocurría, se registró un ataque incesante al portal web y a las redes sociales de Pichincha Universal, ya que en el periodo de cobertura de manifestaciones y protestas en octubre se reportaron más de 8.500 amenazas, los cuales tenían como objetivo sacar del aire al medio, en todas sus plataformas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, también mostraron su preocupación por el allanamiento a Radio Pichincha Universal, ya que esto constituía un claro intento de censura a un medio de comunicación público en el país.

Tras 16 días fuera del aire -el 25 de octubre de 2019- el juez Mario Cadena aceptó la acción de protección a favor de Radio Pichincha Universal y reconoció que hubo una vulneración al derecho al debido proceso, en cuanto a la motivación, y al derecho de libertad de expresión, con la suspensión de actividades de la radiodifusora.

Otro ataque se reportó el 29 de noviembre, cuando el ministerio del Interior solicitó al hosting donde se alojaba el sitio web de Pichincha Universal la suspensión del sitio web de forma indefinida, este ataque se realizó por la publicación de una denuncia que realizó un legislador en contra de la ministra María Paula Romo.

Cuando parecía que todo volvía a la normalidad, el 23 de enero del 2020, nuevamente, ARCOTEL dispuso la extinción del título habilitante de Radio Pichincha Universal, por lo cual diversas voces se levantaron en contra de esta medida que  no solo vulneró los derechos del medio, sino de miles oyentes y lectores.

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, rechazó este nuevo ataque del Gobierno Central y resaltó que, en democracia, debe haber libertad de expresión. Ante esto, se interpuso una nueva acción de protección y se solicitaron nuevas medidas cautelares a favor de la radio.

El 25 de julio se ganó otra batalla. La Defensoría del Pueblo emitió un dictamen con medidas de cumplimiento obligatorio en contra de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia que en el último año realizó más de 1.000 denuncias en contra del portal de Pichincha Universal, con lo cual buscaba que se cierre, de forma definitiva, su sitio web.

Por otra parte, el 18 de agosto del 2020, el tribunal provincial de Pichincha revocó la acción de protección presentada por el medio de comunicación, en contra de Arcotel por vulnerar sus derechos constitucionales de libertad de expresión y, este proceso, podría desencadenar en un nuevo cierre de la radio.

Ante esto, los directivos de Radio Pichincha Universal presentaron una acción extraordinaria de protección para que la Corte Constitucional se pronuncie en el proceso contra la emisora y no permita que se sigan vulnerando sus derechos.

Estos procesos han marcado un año lleno de ataques e intentos de censura en contra de un medio de comunicación público. Además, varios medios de comunicación alternativos fueron afectados gravemente por una persecución política y judicial nunca antes vista en Ecuador.

Esto, sin duda, sentó un precedente nefasto en la historia del país.

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