Las autoridades hablaban de pérdidas de USD11 millones debido a las medidas de hecho de la población fronteriza.
La mañana del 24 de septiembre de 2019 Ecuador amanecía con la noticia de que la provincia del Carchi estaba paralizada por una protesta masiva por la desatención del Gobierno de Lenín Moreno.
Siete días duró la paralización a la que se plegaron funcionarios públicos de la Prefectura, transportistas, comerciantes autónomos y pequeñas empresas, que exigían del régimen una reducción del IVA al 6%, además de declarar zona franca a Tulcán; la ampliación de la vía panamericana Bolívar-Rumichaca, la moratoria definitiva del suero para mezcla con leche pura y la renuncia inmediata del gobernador Edinn Moreno
El prefecto Guillermo Herrera, se negaba a dialogar con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, pues aseguraba que no ha cumplido con sus ofrecimientos, por lo que pedía que sea el entonces vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, el puente para llegar a un acuerdo. En respuesta el exsegundo mandatario calificó a la medida como desproporcionada y aseguraba que el régimen no caería en chantajes, ni presiones, puesto que no era la única provincia que necesitaba ser atendida.
Las medidas de presión se recrudecían y el bloqueo de vías se mantuvo en diferentes sectores del territorio provincial, como en Bolívar, San Gabriel, Huaca, El Obelisco en Tulcán y El Barrial que conduce a Rumichaca.
Para el tercer día de fuertes protestas, las autoridades informaban que catorce personas, entre ellas trece menores de edad, habían sido detenidas en el marco de una marcha nocturna que contó con la participación de más de mil personas.
En el cuarto día y con una incansable voz unánime de la provincia exigiendo ser atendida, cientos de militares llegaban a reforzar la seguridad junto con la Policía Nacional pues las protestas habían subido de tono.
De su lado, el Ejecutivo cuantificaba pérdidas por dos millones de dólares diarios debido al bloqueo de vías en la zona fronteriza con Colombia y la paralización de actividades.
En ese marco, la ministra Romo aseguraba que la mayoría de pedidos se habían cumplido e incluso se empezaba a buscar un dialogo más cercano con las autoridades locales para llegar a un acuerdo.
Para el sábado 28 de septiembre de 2019, la ciudadanía se auto convocó al parque central en Tulcán y con cacerolas en mano rechazaban las expresiones de Sonnenholzner que minimizó los hechos; a la vez mandaron un mensaje a las autoridades de que la lucha continuaría hasta que se responda a todas sus exigencias.
Para la tarde del 30 de septiembre, el prefecto del Carchi, informaba a sus mandates que el Gobierno había transferido los valores adeudados por la devolución del IVA, razón por la cual iniciaba la desmovilización.
La autoridad provincial lamentó que la ciudadanía haya tenido que llegar a impulsar medidas de hecho para que el Gobierno cumpla con lo acordado, sin embargo instó a estar vigilantes porque no todas las peticiones se habían cumplido.
Es así que tras siete días de paro la ciudadanía retiró las barricadas y permitieron el tránsito por el puente Internacional de Rumichaca y por el sector de Mascarillas, los dos accesos más importantes a la provincia del Carchi.
Según un cálculo preliminar de las autoridades nacionales, ese paro dejó pérdidas por 14 millones de dólares. Sin contar los daños a la propiedad pública y privada como ocurrió en el edificio de la Gobernación, que fue atacado con piedras por manifestantes.
Pese a ello, para el 9 de octubre la provincia fronteriza nuevamente se levantaría contra el Gobierno y se uniría al paro nacional, pues denunciaban que el decreto 883 emitido la noche del 2 del mismo mes, afectaba a los sectores más empobrecidos debido a que se permitía el alza de los combustibles.
Nuevamente el prefecto Guillermo Herrera afirmaba que dicha resolución era parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que al igual que el resto de provincias, Carchi, sufriría los embates de los reajustes económicos del Estado que perjudicarían en mayor grado a los pobladores de las zonas de frontera.
Fuente: Redes Sociales / Pichincha Universal – Nota realizada por Diana Dávila
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