Las jornadas de movilizaciones dejaron como resultado 11 personas fallecidas y más de 1.000 heridos, a causa de los enfrentamientos con la fuerza púbica.
Las políticas de austeridad del gobierno del presidente Lenín Moreno tocaron las fibras más sensibles de la sociedad ecuatoriana y desencadenaron once días de protesta nacional en las primeras semanas de octubre de 2019.
Los primeros indicios de manifestación se registraron en la provincia del Carchi, que durante siete días cerró sus principales carreteras, en exigencia del pago de los recursos pendientes por devolución del IVA.
El 30 de septiembre de 2019, los ciudadanos levantaron el paro en esta provincia, sin embargo, la tranquilidad duraría poco.
Tras el anuncio del primer mandatario, el uno de octubre, sobre la eliminación de los subsidios a los combustibles y otras medidas económicas incluidas en el decreto 883, el gremio de transportistas anunció, de inmediato, la paralización de sus actividades.
Un día después, el movimiento indígena y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) también se declararon en movilización permanente.
Al paro nacional se sumaron maestros, estudiantes y otras organizaciones sociales, que rechazaron un decreto al que consideraron como un paquetazo económico. El descontento se vio reflejado en las principales ciudades del país y lo que comenzó como una protesta pacífica, terminó con una fuerte represión, por parte de la Policía Nacional.
Solo el primer día de protesta se registraron 300 personas heridas y 35 detenidas. El cuatro de octubre, el número de detenidos aumentó a 350, dentro de los que se encontraban estudiantes, periodistas y demás ciudadanos.
El siete de octubre las bases del movimiento indígena llegaron a la capital para respaldar la movilización de las organizaciones sociales y la represión no paró.
La noche del martes ocho, efectivos de la Policía Nacional atacaron con gases lacrimógenos a miembros de la comunidad indígena entre ellos, mujeres, ancianos y niños, quienes se encontraban en el interior de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta escena se volvió a repetir la noche siguiente, cuando la Policía arrojó bombas lacrimógenas al interior de las Universidades Católica, Salesiana y Politécnica Nacional, lugares de refugio para los ciudadanos del movimiento indígena.
El jueves diez de octubre se confirmó la muerte de cinco ciudadanos, entre ellos, dos dirigentes del movimiento indígena; así también el número de heridos aumentó a 554 y hubo 929 detenidos.
Para el sábado doce de octubre, el día más intenso de las manifestaciones, los vecinos de diferentes barrios de Quito, también se unieron a la movilización y desde cada uno de sus sectores protestaron en contra del decreto 883. En horas de la tarde, el edificio de la Contraloría fue incendiado -supuestamente por manifestantes versión que posteriormente quedó en duda- y como resultado, 30 personas fueron detenidas.
Aquel día también será recordado por la acción de todo un pueblo, que unido en un cacerolazo masivo, pedía que se deroguen las medidas económicas impuestas por el Gobierno y que vuelva la tranquilidad al Ecuador.
En once días de protesta se contabilizaron al menos 11 personas fallecidas y 1.340 heridos a causa de los enfrentamientos.
Hubo quienes perdieron más que su libertad, como el caso de Luis Tipantuña o Jhajaira Urresta, quienes perdieron uno de sus ojos, producto de un impacto de bomba lacrimógena y otros, quienes incluso perdieron su vida. Y ahora, un año después, nadie ha respondido por ello.
En la memoria histórica de nuestro país, quedarán registrados nombres como Inocencio Tucumbi, José Rodrigo Chaluisa, Raúl Chilpe o Marco Oto, quienes al igual que la mayoría del pueblo, exigían al gobierno que no se vulnere sus derechos.
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