Pero el tiempo y la pandemia del Covid-19 en el año 2020 crearon el escenario para que finalmente el gobierno elimine el subsidio de liberación de precios de los combustibles.
Punto Noticias.- La eliminación de los subsidios a los combustibles el mes de octubre del 2019, con el Decreto Presidencial 883, fue un globo de ensayo lanzado al aire, que cuando reventó solo sirvió para matar 11 ciudadanos, herir a miles, apresar a cientos, abusos policiales, militares y judiciales, y causar una recesión en Ecuador.
El Decreto Presidencial 883, firmado el 1 de octubre de 2019, por el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, y sus Ministros Richard Martínez de Economía y Carlos Pérez de Energía, no fue publicado en la página oficial de la Presidencia, con dicho documento se retiró el subsidio a los combustibles, medida que entró en vigencia a las cero horas del 3 de octubre, asestando un duro golpe a la economía de los ecuatorianos.
Cientos de ciudadanos hicieron largas filas en las gasolineras del país la noche del 2 de octubre para abastecerse de combustible subsidiado. Con su medida el Gobierno, evitaría un egreso de USD 1.300 millones al año y un ahorro de USD 325 millones de octubre a diciembre de 2019, según sus voceros.
Con la eliminación del subsidio a los combustibles, el galón de gasolina extra pasaría de USD 1.85 a USD 2.30. La gasolina ecopaís, de USD 1.85 a USD 2.40, en cambio, el diésel de USD 1.037 subiría a USD 2.17 mientras el diésel Premium, de USD 1.037 a USD 2.27.
Los nuevos costos serían referenciales porque el precio de venta al público lo pondría cada distribuidora de combustibles en relación al margen de ganancia que deseen tener.
Ya en diciembre de 2018, el Gobierno de Lenín Moreno había quitado el subsidio a la gasolina súper, cada mes la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) actualiza el valor de este combustible, según los precios del mercado internacional.
El 3 de octubre de 2019 entró en vigencia el nuevo valor de los combustibles pese a las advertencias de varios sectores sociales, indígenas, políticos y sindicales. Fueron días de intensas luchas populares, reprimidas con fuerte violencia estatal que cobró la vida de 11 manifestantes, dejó más de mil heridos y detenidos y una serie de abusos policiales y militares contra ciudadanos especialmente en Quito, que hasta hoy están en la impunidad.
Pese a lo catastrófico de la medida, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, dijo que “el Estado no puede continuar con el subsidio de combustibles, ya que eso beneficia a los “traficantes y a los más ricos”, descartando así la posibilidad de que el polémico decreto 883 se derogue.
Las protestas se intensificaron al punto que el domingo 13 de octubre de 2019, el movimiento indígena forzó al gobierno a analizar la derogatoria del decreto 883, el presidente Lenín Moreno propuso a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) la creación de comisiones para elaborar un nuevo documento que lo sustituya. De esta manera, la Conaie aceptó suspender la paralización.
Pasadas las 21:45, Arnauld Peral, coordinador representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Ecuador, leyó el acuerdo: “Como resultado del diálogo se establecerá un nuevo decreto que deja sin efecto el Decreto 883. Para lo cual se instalará una comisión que elaborará el nuevo decreto, integrada por las organizaciones movimiento indígena, participantes en este diálogo y el Gobierno nacional, con la mediación de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y con la veeduría de las otras funciones del Estado. Con este acuerdo se terminan las movilizaciones y medidas de hecho en todo en Ecuador. Y nos comprometemos de manera conjunta a restablecer la paz en el país”.
Después de las protestas en todo el país, la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo (Camdeppe) por medio de su presidente Carlos Salazar, planteó que la reducción de los subsidios a los combustibles debería ser de manera gradual.
Para el lunes 14 de octubre de 2019 se derogó el Decreto 883, pero en los siguientes meses no hubo acuerdos para sacar un nuevo decreto sobre subsidios a los combustibles. Pero el tiempo y la pandemia del Covid-19 en el año 2020 crearon el escenario para que finalmente el gobierno elimine el subsidio de liberación de precios de los combustibles.
Para el 8 de mayo del 2020, decía el ministro de Finanzas, Richard Martínez, que esta es la oportunidad para eliminar los subsidios a los combustibles puesto que la coyuntura actual es una gran oportunidad para ejecutar dicha decisión, tomando en cuenta que el precio del petróleo es bajo. “La eliminación de subsidios hará que baje el precio de la gasolina hay que aprovechar esa coyuntura”.
Basados en esos conceptos el 20 de mayo de 2020 el Presidente Moreno decide oficializar la reducción de jornada laboral y liberación de precios de combustibles, con los decretos N° 1053 N° 1054 respectivamente.
El Mandatario reforma el reglamento de regulación de precios de los derivados de petróleo, que data desde 2005 y se dispone la implementación de un sistema de bandas de precios, para eliminar los subsidios de la gasolina y diésel.
El ministro de Energía, René Ortiz, reconoció que tras la eliminación del subsidio a los combustibles, efectivamente, el próximo Gobierno se quedaría con la herencia de los precios altos y acordes al mercado. “Es difícil establecer garantías de que los precios no se disparen, pero ahorita dadas las circunstancias se puede determinar que en 2020 terminaremos con USD 25 el barril y los precios continuarán bajos”, dijo.
También el Gobierno deja en manos del sector privado la libre importación de combustibles, mediante el Decreto Ejecutivo 1158 expedido el 24 de septiembre de 2020. La medida incluye al gas industrial, gasolinas, gas natural, diésel, jet fuel, avgas, absorbentes y otros derivados destinados a nueve segmentos del mercado como el industrial, comercial, naviero, aéreo, pesquero artesanal, doméstico, vehicular, residencial, entre otros.
De manera general menciona que los precios desde la terminal hasta el consumidor final del gas natural, gas natural licuado y gas natural comprimido, serán definidos por cada actor de la cadena de comercialización, considerando las condiciones del mercado más los impuestos aplicables.
Según el Decreto, las empresas públicas deberán facilitar la infraestructura a cambio del pago de una tarifa razonable por volumen y permanencia, para la importación, recepción, transporte, almacenamiento y despacho de combustibles, con su costo y margen de ganancia. Esa tarifa la establecerá la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables.
Realizado por: Germánico Rivadeneira.
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